Lo primero es mirar la fecha de la notificación: de ella dependen todos los plazos. Estos son los más habituales.
| Recurso | Plazo | Ante quién | Artículo |
|---|---|---|---|
| Recurso de reposición (potestativo) | 1 mes desde la notificación | El mismo órgano que dictó el acto | art. 124 Ley 39/2015 |
| Recurso de alzada | 1 mes desde la notificación | El órgano superior jerárquico | art. 122 Ley 39/2015 |
| Recurso extraordinario de revisión | 4 años o 3 meses según la causa | El órgano que dictó el acto | art. 125 Ley 39/2015 |
| Recurso contencioso-administrativo | 2 meses desde la notificación expresa | Juzgados de lo Contencioso de Granada | art. 46 LJCA |
| Reclamación de responsabilidad patrimonial | 1 año desde el hecho lesivo | La Administración responsable | art. 67 Ley 39/2015 |
¿Y si la Administración no contesta? Su silencio no le hace perder el derecho: contra la falta de respuesta, el recurso de alzada o de reposición puede presentarse en cualquier momento (arts. 122.1 y 124.1 de la Ley 39/2015). ¿Y si ha sufrido lesiones? El año para reclamar no empieza el día del accidente, sino desde la curación o desde que se fijan las secuelas. Lo que no admite espera es una resolución expresa: pasado el plazo, queda firme y, salvo casos excepcionales como el recurso extraordinario de revisión, ya no podrá discutirla.
¿Le han sancionado o le han denegado algo con argumentos que no se sostienen? Es más común de lo que parece, y muchas resoluciones caen por fallos de la propia Administración: no explicar por qué, saltarse pasos del procedimiento o dejar caducar el expediente. Sobre esos fallos se construye el recurso, que queda preparado para el juzgado por si no rectifican.
Una orden de clausura, una sanción por obras o una licencia de actividad denegada pueden dejar parado su negocio o su casa, y cada semana cuesta dinero. Los informes técnicos del Ayuntamiento se rebaten con peritos independientes y, si la clausura o la demolición es inminente, se pide al juez que la suspenda mientras se decide.
¿Se ha caído por una acera rota o ha sufrido una negligencia en un hospital del SAS? No es mala suerte que tenga que asumir: la Administración debe indemnizarle. Hay que probar el daño y que lo causó el servicio público, y reclamar dentro del año. Pasado ese plazo, el derecho se pierde aunque tenga toda la razón.
Que le denieguen el paro o le pidan devolver lo cobrado puede descuadrar la economía de toda la familia, y muchas veces se debe a un error del propio organismo. Frente al SEPE o el INSS se presenta primero una reclamación previa; frente a las deudas que la Tesorería reclama a autónomos y empresas, un recurso de alzada. Los dos, pensando ya en el juicio.
Cuando la Administración no da su brazo a torcer, decide un juez. El caso se lleva ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada (La Caleta) y, en apelación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Plaza Nueva. Y si la sanción o la demolición es inminente, pueden pedirse medidas cautelares, incluso urgentes, para suspenderla mientras se decide (arts. 129 y 135 LJCA).
¿Ha recibido una sanción o una resolución que no comparte? Llame al 958 19 46 63 antes de que venza el plazo.
✍️Redactado y revisado por Fernando José Robledillo Melguizo, abogado colegiado nº 6631 del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, en ejercicio desde 2010 y licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Dirige personalmente los procedimientos de esta materia. Puede comprobar su colegiación buscando su nombre en el directorio de colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. · Última actualización:
Un expediente administrativo a veces cruza la frontera con lo penal, lo civil o lo familiar. Cuando pasa, la misma dirección letrada de Robledillo & Herrera Abogados sigue al frente:
¿Le han parado con una alcoholemia alta o conduciendo sin permiso? Eso ya no es una sanción administrativa sino un delito (arts. 379, 383 y 384 CP), y se defiende en un juicio penal.
Si el daño no lo causó la Administración sino un vecino, una empresa o una constructora, se reclama por la vía civil: contratos, obras mal hechas y daños.
¿Le han denegado una ayuda o una beca por su situación familiar tras una separación? A veces, la solución pasa por regularizar antes esa situación en un procedimiento de familia.
¿Le ha llegado una liquidación del Impuesto de Sucesiones o una plusvalía municipal que no cuadra? Se recurre igual que cualquier otra resolución de la Administración.
Respuestas cortas a lo que más preocupa cuando llega una notificación de la Administración.
Menos del que cree, y no se amplía. Cuando le abren un expediente sancionador suele tener 10 días para alegar; contra la resolución, 1 mes para el recurso de alzada o de reposición, y 2 meses para ir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada. Para reclamar una indemnización a la Administración, 1 año. Todos se cuentan desde la notificación y, si se pasan, la resolución queda firme aunque sea injusta.
Si acaba de recibir una notificación, llame hoy mismo: 958 19 46 63
Muchas veces sí, porque muchas sanciones caen por errores de la propia Administración: notificaciones mal hechas, un responsable mal identificado, expedientes que caducan porque no se resolvieron a tiempo, infracciones ya prescritas o falta de pruebas que vulnera la presunción de inocencia. Lo que no conviene es recurrir a ciegas: hay que ver el expediente completo, y para eso está el estudio de viabilidad, que le dice con franqueza si hay base antes de invertir en el recurso.
Para las alegaciones y los recursos de alzada o de reposición, no es obligatorio, aunque un recurso bien planteado es el que prepara el terreno para el juicio. Para ir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, sí: hace falta abogado (el procurador es opcional), y ante el TSJ o el Tribunal Supremo, abogado y procurador. La única excepción son los funcionarios que recurren cuestiones de personal ante un juzgado (art. 23 LJCA).
El primer paso es el estudio de viabilidad (100 € + IVA): se revisa el expediente completo y se le dice si merece la pena recurrir. Si es viable, recibirá un presupuesto cerrado por escrito, con unos honorarios mínimos de 1.000 € (IVA incluido) según lo complejo que sea el caso y si hay que ir al juzgado. Los 100 € del estudio se descuentan.
Sí. Mientras recurre en vía administrativa, una sanción no se ejecuta, y si anuncia que va a acudir al juzgado, puede pedir que siga suspendida hasta que el juez decida (art. 90.3 Ley 39/2015). Ante el juzgado se piden medidas cautelares, y si una clausura o una demolición es inminente, incluso urgentes, que pueden resolverse en pocos días (art. 135 LJCA).
Sí. Si se ha caído por una acera en mal estado, un socavón o una tapa de alcantarilla suelta, puede reclamar al Ayuntamiento una indemnización por responsabilidad patrimonial. La clave es la prueba, y se pierde rápido: fotografías del lugar, parte médico del mismo día y datos de los testigos. El plazo es de 1 año desde que se curan o se estabilizan las lesiones (art. 67 Ley 39/2015).
Sí. Si la atención no fue la correcta y le ha dejado secuelas —un diagnóstico tardío, una operación mal hecha, una infección—, se reclama al Servicio Andaluz de Salud por responsabilidad patrimonial. Lo decisivo es un informe pericial médico que demuestre que no se actuó como exige la buena práctica. El plazo es de 1 año desde la curación o desde que se fijan las secuelas, y si el SAS no contesta en 6 meses, puede ir directamente al juzgado.
No la dé por perdida. Primero se revisan los informes técnicos en los que se apoya la denegación, buscando errores o falta de motivación. Después se presenta recurso con un informe pericial que los rebata. Y si la Administración no rectifica, el Juzgado de lo Contencioso puede anular la denegación y reconocer su derecho a la licencia.
Antes de ir al juzgado hay que presentar una reclamación previa ante el propio SEPE o el INSS, normalmente en 30 días desde la notificación; si la rechazan, se demanda ante el Juzgado de lo Social (art. 71 LRJS). Muchas reclamaciones de cobro indebido se basan en errores de cálculo o en datos que el propio organismo tenía mal. Si es la Tesorería General la que reclama una deuda a un autónomo o a una empresa, se recurre en alzada y después ante lo contencioso-administrativo.
Depende de qué haya presentado. En las solicitudes, la regla general es el silencio positivo: lo pedido se entiende concedido, salvo que una ley diga lo contrario, cosa frecuente (art. 24 Ley 39/2015). En los recursos, el silencio es negativo: se entiende rechazado y puede ir al juzgado sin esperar más. Saber cuál se aplica y desde cuándo corre el plazo evita perder el derecho.
Sí. La vía depende de su relación con la Administración: funcionarios de carrera, interinos y personal estatutario recurren ante la jurisdicción contencioso-administrativa; el personal laboral, ante los Juzgados de lo Social, porque se rige por el Estatuto de los Trabajadores. Los plazos son igual de cortos, así que conviene moverse en cuanto llega la resolución.
Los recursos de alzada y reposición suelen resolverse —o entenderse rechazados por silencio— en 1 a 3 meses. Si hay que ir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada, la sentencia puede tardar entre 6 y 18 meses, según la carga del juzgado. Mientras tanto, pueden pedirse medidas cautelares para que la sanción no se ejecute.
¿Le ha llegado una sanción, una denegación o una reclamación de la Administración?
El plazo empieza a correr desde la notificación. Una llamada basta para saber si hay base para recurrir y cuánto tiempo le queda.